El Poder Ejecutivo puso fin a una mora legislativa de más de 20 años. La pieza introduce delitos modernos como el ciberacoso y endurece penas contra la corrupción, pero nace bajo la sombra del debate por las causales del aborto.
En un acto que marca un hito en la historia jurídica de la República Dominicana, el Presidente de la República ha promulgado la Ley 74-25, que establece el Nuevo Código Penal. Con esta firma, el país deja atrás el código decimonónico de 1884 para dar paso a un marco legal adaptado a las realidades y desafíos del siglo XXI.
La aprobación llega tras un accidentado camino legislativo que se extendió por más de dos décadas, superando bloqueos, cambios de gobierno y múltiples debates en las cámaras legislativas.
Un Código para la Era Digital y la Transparencia
El nuevo cuerpo legal no es solo una actualización de penas, sino una reestructuración del sistema de justicia. Entre sus principales novedades destacan:
- Ciberdelincuencia y Acoso: Por primera vez, se tipifican y sancionan con rigor el ciberacoso, el hostigamiento digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
- Corrupción Administrativa: Se elevan las penas para delitos contra el erario, incluyendo el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, con condenas que pueden alcanzar los 10 años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos.
- Cúmulo de Penas: Se establece la posibilidad de sumar condenas por diferentes delitos cometidos por una misma persona, permitiendo penas máximas de hasta 60 años en casos de crímenes atroces.
- Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: Las empresas ahora podrán ser procesadas penalmente por delitos cometidos en su nombre o beneficio.
El "Eterno" Conflicto: Las Tres Causales
A pesar de la celebración de los sectores que pedían modernización, la promulgación no ha estado exenta de críticas. El Congreso decidió mantener fuera de esta ley la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales (riesgo de vida de la madre, violación o incesto, y malformación incompatible con la vida).
Esta exclusión ha generado una reacción inmediata de grupos de la sociedad civil y colectivos feministas, quienes consideran que la ley nace "deuda con las mujeres". Por su parte, sectores conservadores y religiosos han aplaudido que se mantuviera la protección de la vida desde la concepción, tal como establece la Constitución.
"Este código es un avance necesario para combatir el crimen organizado, pero lamentamos que no se haya aprovechado el momento para garantizar derechos fundamentales de salud reproductiva", expresaron representantes de organizaciones sociales frente al Palacio Nacional.
¿Qué sigue ahora?
La Ley 74-25 contempla un periodo de vacatio legis (un tiempo de espera antes de entrar en vigor) para permitir que los jueces, fiscales y la Policía Nacional se capaciten en las nuevas normativas. Se espera que en los próximos meses se inicien programas intensivos de formación en todo el país.
Con esta promulgación, la República Dominicana intenta cerrar un ciclo de incertidumbre jurídica y dotar al Ministerio Público de mejores herramientas para enfrentar la criminalidad moderna.
